| dc.description | La argumentación jurídica es una guía muy importante en la valoración de pruebas, en materia de responsabilidades administrativas dentro de la etapa probatoria, la prueba documental de carácter contable, tiene su especial interpretación y valoración, para ello, la Autoridad Investigadora debe de aplicar un razonamiento lógico jurídico, deduciendo los requisitos indispensables para acreditar los elementos rectores de las faltas administrativas catalogadas como graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su Leyes Homologas en la Entidades Federativas, ahora bien, las documentales derivadas de los actos de fiscalización, tienen su regulación a través de las diversas disposiciones en Contabilidad Gubernamental (es el proceso de registrar, analizar, clasificar, resumir, comunicar e interpretar la información y obligaciones financieras que genera el Gobierno).
Por tal motivo, en el acuerdo de calificación de las faltas administrativas graves, debe existir una motivación, clara y precisa que lleve al Juzgador a tener certeza jurídica sobre la acreditación de los elementos rectores de las faltas administrativas imputadas a los presuntos responsables en el Informe de Presuntas Irregularidades Administrativas (IPRA), así mismo, es importante que la fundamentación este bien definida sobre todo, al citar normatividad contemplada en la Contabilidad Gubernamental (Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras), de igual manera se aplican todas las disposiciones que el Consejo Nacional de Armonización Contable, expide en materia de Contabilidad Gubernamental, todo ello, para estar en condiciones de dictar un acuerdo administrativo, que genere el derecho humano a la certeza jurídica. | es_MX |
