Se analiza el examen hecho a México por el Comité de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada en el que México y las organizaciones no gubernamentales presentaron sus correspondientes informes. Se estudia también la lucha simbólica y las tensiones entre los agentes que intervienen en las sesiones y las recomendaciones al Estado mexicano en torno a este problema que se ha incrementado brutalmente en los últimos años.
