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Este texto aborda un problema que afecta severamente al país, el de la inseguridad, a partir del cambio de modelo de justicia penal, en que se pasó de predominantemente inquisitivo hacia uno acusatorio. A un año del ajuste, autoridades, líderes políticos y empresariales lo culpan del aumento de la actividad delictiva. Sin embargo, el autor defiende el nuevo modelo y evidencia que son otros factores lo que imposibilitan su buen desempeño, como lo es el haber incorporado un modelo de derecho penal con fundamento ético en un sistema judicial caracterizado por la impunidad, los múltiples excesos y abusos de poder.
