Cada ciudadano que tiene que realizar algún trámite en una dependencia estatal termina usualmente mortificado por las largas colas, por el trato descortés o simple maltrato de los funcionarios públicos y, en muchos casos, por el requerimiento de coimas para “agilizar” o hacer efectivo el servicio. Instituciones públicas como la Policía y el Poder Judicial muestran, simultáneamente, tasas preocupantemente altas de pago de coimas, así como una baja proporción de usuarios que terminan exitosamente sus trámites.
La investigación encuentra evidencia estadísticamente significativa de entre dos y tres tipos de castigos que enfrentan los pobres en el Perú. En primer lugar, salvo el caso de los centros educativos estatales, los pobres tienen menor probabilidad de acceso a todos los demás servicios públicos, tales como la Policía, el Poder Judicial y los servicios de infraestructura.
En segundo término, los pobres tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los funcionarios públicos en servicios tan importantes para ellos como seguridad (policía), y servicios de salud, además de aquellos provistos por los gobiernos regionales y los ministerios. Asimismo, existe evidencia estadística de que los pobres tienen menor probabilidad de culminar exitosamente sus trámites en la policía y los servicios básicos. En términos agregados, sin embargo, este efecto no es tan claro.
Adicionalmente, el análisis de la relación entre la burocracia y la corrupción muestra que mayores niveles burocráticos incrementan los pagos realizados por conceptos de coima. También se encuentra que, en la mayoría de casos, las instituciones con mayores niveles de corrupción presentan las tasas de éxito más bajas. Sin embargo, en algunas dependencias, como la policía y los centros de estudios estatales, la coima parece tener un efecto acelerador del trámite (al que llamamos efecto “aceite”).
Finalmente, la diversidad de evidencias encontradas indicaría la necesidad de diagnosticar más detalladamente las fuentes de corrupción en cada institución y diseñar estrategias pertinentes para eliminarlas según cada caso.