Conforme la proporción de jóvenes con educación secundaria completa se incrementa en todas partes del mundo, los países enfrentan una fuerte presión para expandir la oferta de educación superior pública y promover el aumento de la oferta provista por organizaciones privadas. Algunos riesgos inherentes a un acelerado crecimiento del sector son la proliferación de programas universitarios y técnicos de baja calidad y el desajuste entre la demanda laboral y la oferta educativa. En un mercado con imperfecciones propias de “bienes experiencia”, un desmesurado incremento del número de graduados universitarios y no universitarios podría exacerbar problemas ya existentes como las elevadas tasas de desempleo, subempleo y sobreeducación de profesionales. Es este contexto que surge un importante debate acerca del papel regulatorio del Estado sobre la cantidad y calidad de alumnos y egresados de educación superior, que todavía continúa y que se viene resolviendo en función del contexto político y las fortalezas o debilidades institucionales de cada país.