Los actuales procesos de fortalecimiento del Estado en los países de la región exigen que en el desarrollo de las políticas públicas se articulen coherentemente aspectos políticos, sociales, económicos y técnicos, es estudien las alternativas posibles, y se analice su viabilidad. Ello se traduce en la modernización de las instituciones públicas como criterio para consolidar la democracia, el estado de derecho y la disposición hacia los cambios que exige la globalización y la economía de mercado.
En este contexto, Nicaragua enfrenta un proceso de transformación de sus instituciones públicas. Dentro de ellas destaca la creación de un nuevo paradigma de política pública coherente con la reconceptualización de los derechos humanos de los niños y adolescentes. Nos referimos en forma particular al nuevo Modelo de Justicia Penal Adolescente recientemente aprobado por el Poder judicial.
