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Ya para 1960, los gobiernos y pueblos de América estaban plenamente conscientes de la defectuosa estructura agraria latinoamericana, lo que constituye el mayor valladar para su pleno desarrollo económico, social y político.
Fue por entonces, que se firmó la “Carta de Punta del este”, donde se estableció la Alianza para el Progreso dentro del marco de la operación Panamericana, la que en lo atingente a nuestro problema, expresa: “Impulsar dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen del latifundio y MINIFUNDIO por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complimiento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización y distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad.
Con tales antecedentes, podemos formarnos un concepto claro de que el régimen del minifundio es un sistema inconveniente de propiedad que debe sustituirse de inmediato por otro, que sea justo y apto para el desarrollo.
