La mayoría de los países en vías de desarrollo, siguiendo los pasos de Europa y otros industrializados, están uniendo a su transformación socio-económica y político-administrativa, la reordenación o reforma del sistema jurídico de la propiedad inmueble, o, cuando menos, la modernización de las prácticas registrales, proteger el tráfico jurídico inmobiliario, inspirar confianza en la institución y fomentar el crédito territorial.
Ciertos pronunciamientos y exposiciones públicos evidencian que Nicaragua no se halla en modo alguno al margen de dicho movimiento, que ve en el Registro de la propiedad Inmueble un medio eficaz de la actividad contractual o, mejor dicho, un factor indispensable para todo buen régimen inmobiliario de transformaciones gravámenes.
