Analiza dos de los principios rectores de las contrataciones entre particulares, por un lado, la autonomía de la voluntad y, por otro, el orden público, como límite de aquello; planteando la necesidad de hacer prevalecer el orden público económico para evitar las consecuencias derivadas de los excesos que en nombre de la autonomía de la voluntad, cometen las partes jurídicamente fuertes en una contratación, en perjuicio de los derechos y garantías de las partes jurídicamente débiles y, finalmente aborda el papel del estado como rector de la sociedad, para mantener el equilibrio en las distintas relaciones jurídicas contractuales.
