La justicia penal debe estar encauzada y permitir un nivel de control de la criminalidad socialmente asumible, y al propio tiempo ser una respuesta sancionadora suficiente. Todo ello constituye uno de los elementos más relevantes de la garantía de la seguridad jurídica, junto con otros elementos de la política criminal, tanto preventivos como represivos.
Pero a la vez, no hay lugar a dudas de que el proceso penal es el mejor instrumento, rectamente concebido, claro está, para procurar una justicia penal respetuosa con las libertades y derechos individuales. Podemos llegar a afirmar en tal sentido que el proceso penal es el test de evaluación más importante y delicada sobre el equilibrio en un Estado democrático entre la libertad y la seguridad.
