El nuevo código penal de Nicaragua se ubica dentro del engranaje del ordenamiento jurídico de nuestro país. Todo el ordenamiento se subordina a la Constitución y, por lo tanto, los principios, derechos y obligaciones que en ella se prescriben, informan y limitan las disposiciones de dicho código. Solo en ese caso estaremos en presencia de un estado democrático de derecho y contaremos con un código penal democrático.
