| dc.description | Con la descentralización, comenzó un proceso de transferencia, hacia los gobiernos locales, de mayores responsabilidades y funciones. En este escenario, las autoridades de los municipios, enfrentaron la necesidad de dar respuestas más amplias, de aquellas que tradicionalmente habían brindado, en un contexto de incremento de las demandas ciudadanas hacia el gobierno local. En términos generales, los gobiernos locales dejaron de ser simples administradores de servicios urbanos tradicionales, para convertirse en gobiernos locales promotores del desarrollo local, con incumbencias en temas relacionados con la salud, la educación, el empleo y la preservación del ambiente, entre otros.
Este cambio, que planteó la necesidad de contar con los recursos financieros para atender las nuevas y mayores demandas ciudadanas, puso de relieve la conveniencia de analizar y explorar nuevos mecanismos de financiamiento para proyectos de desarrollo. El número y la variedad de estos mecanismos de financiamiento (también denominados mecanismos de financiamiento no tradicionales), es amplio.
En este sentido, dentro del abanico de instrumentos de financiamiento no tradicional, se encuentra el Reajuste de Terrenos, también denominado Reajuste de Suelos, Pool de Suelo o Land Pooling. Consecuentemente, el Reajuste de Terrenos se adecúa al objetivo de proveer suelo urbanizado, uno de los componentes de toda estrategia de provisión de vivienda, para sectores de ingresos medios y bajos.
En la ciudad de Villa María existe un faltante de viviendas que conduce a la existencia de un déficit cuantitativo de las mismas. Esta situación, se ve reflejada en un registro único y permanente de la demanda habitacional, en el cual numerosas personas, que residen en la localidad y no tienen bienes inmuebles a su nombre, se encuentran inscriptas. La presente tesis tiene como objetivo elaborar una propuesta de aplicación del mecanismo de Reajuste de Terrenos, para ser implementada por el Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional, cuyo propósito es favorecer el acceso al suelo urbanizado, mediante la aplicación del Reajuste de Terrenos, en el barrio La Calera, de la ciudad de Villa María. Posteriormente, la finalidad es
contribuir con la disminución del Déficit Cuantitativo de viviendas en la ciudad de Villa María. En consecuencia, en función de lo que se registra en la experiencia internacional disponible, la aplicación de este instrumento de financiación ha permitido impulsar procesos de transformación de suelo rural en suelo urbanizado, de manera autofinanciada. Es decir, el Reajuste de Terrenos es una manera efectiva, eficaz y eficiente de ampliar la oferta de suelo urbanizado, como medida tendiente a facilitar la reducción del déficit habitacional. Eventualmente, mediante el uso de esta herramienta innovadora, los gobiernos locales se involucran en el desarrollo de una respuesta económica y estratégica, frente a la situación descripta.
Para ello, se identifican y movilizan distintos recursos2, con el objetivo central de utilizarlos para la provisión de infraestructura, equipamiento urbano y acceso a la vivienda, logrando capitalizar las oportunidades presentes en el entorno.
De este modo, el Reajuste de Terrenos, como un instrumento de gestión y financiamiento, se posiciona como un componente vinculante entre el sector público y privado, y también como un mecanismo eficiente para corregir las desigualdades generadas por la falta de intervención de los gobiernos, o intervenciones equivocadas de los mismos. Las acciones que se impulsan a través de la implementación de experiencias de Reajuste de Terrenos, facilitan la toma de decisiones, hacen viable el ordenamiento y, al mismo tiempo, agilizan la obtención de suelo público, para atenuar el problema del acceso a la vivienda y a los elementos colectivos que la definen como digna o adecuada.
Finalmente, los componentes del proyecto implican la obtención del suelo rural, la conformación de una comisión consultiva, la ejecución de la urbanización y la adjudicación de las parcelas a los participantes.
Asimismo, el tiempo estimado para su aplicación, son 25 meses con un costo total de, pesos argentinos, $35.254.7753. | |
