| dc.description | El desarrollo y evolución de las sociedades, ha traído consigo nuevos retos en el campo medioambiental. Los sistemas productivos de grandes industrias, han generado cambios en el estilo de vida de las personas, al tiempo que han dejado huellas en los ecosistemas y sus recursos naturales. Conforme a esto, varios investigadores, políticos y economistas están apuntando su mirada hacia un desarrollo sostenible, que abarque de forma adecuada la temática para, posteriormente, llevar a cabo estrategias efectivas que contribuyan al cuidado medioambiental. En este punto, los gobiernos y sus dirigentes políticos adquieren una gran responsabilidad y reciben un llamado de parte de varias entidades, entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas con metas y objetivos encaminados al desarrollo sostenible. De forma más específica, han creado lo que hoy se conoce a nivel global como Objetivos del Milenio (ODM) u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dirigidos a, tal como lo afirma Jolly et al. (como se cita en Perales, 2014) “movilizar la acción colectiva internacional y orientar la acción de los gobiernos, al interior de cada país, hacia las cuestiones fundamentales del desarrollo” (p. 58). Por tal razón, debe ser una cuestión de trascendencia para los gobiernos, encaminar su gestión hacia el cumplimiento de estos objetivos y propósitos. Mientras tanto, para países en vía de desarrollo, donde la desigualdad social está enmarcada por una enorme brecha, el reto de cumplir estos objetivos se vuelve aún mayor. Lo anterior, debido a que es indispensable la ausencia de la corrupción en el gobierno y la distribución equitativa de recursos. En este contexto está situado Colombia, un país que en el año 2000 decidió adquirir el compromiso con estos 8 propósitos u objetivos del milenio, junto con otros 189 países (Grisales, 2008). Por tal motivo, la gobernanza debe encaminarse a cumplir con estos propósitos. | |
