Señala que la ciudadanía ha pedido que se revisen las nuevas tarifas que ha impuesto la empresa de teléfonos y que se vuelva a las condiciones vigentes hasta el 31 de diciembre. Dice que el reclamo es justo y la rectificación que se pide es necesaria, no se puede estrujar la capacidad de pago del usuario y mucho menos cuando el servicio ha desmejorado y la ausencia de una capacidad dirigente es notoria.
