Análisis desde la perspectiva de derechos humanos de las estrategias y experiencias de la Organización de Ciegos de Nicaragua Maricela Toledo en el apoyo a sus afiliados para su acceso a un trabajo digno e inclusivo

Abstract

Esta investigación analiza, desde un enfoque de derechos humanos, las estrategias que desarrolla la Organización de Ciegos de Nicaragua Maricela Toledo (OCNMT) para facilitar el acceso de sus afiliados con discapacidad visual a un empleo digno e inclusivo. El estudio parte de una brecha toral: aunque los marcos normativos nacionales e internacionales —en particular la Ley 763— reconocen el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, su implementación estatal sigue siendo insuficiente. Esto plantea preguntas sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil responden a este vacío institucional y qué tan viable es, en la práctica, la inclusión laboral.

El estudio utiliza un enfoque cualitativo mediante un estudio de caso intrínseco sobre la OCNMT, realizado entre agosto y noviembre de 2025. La recolección de información combinó entrevistas semiestructuradas, dos grupos focales en Managua y Jinotega, y revisión documental. Se trabajó con nueve informantes clave, complementados con documentación que permitió triangular perspectivas administrativas, vivenciales y político-institucionales.

Los resultados muestran que la OCNMT ha impulsado prácticas exitosas: intermediación laboral, el programa ÁGORA como sello de calidad, experiencias de empleo formal en las tabacaleras de Estelí, coordinación con MITRAB e INATEC, y acompañamiento posterior a la contratación. Estos avances confirman que la inclusión laboral es posible cuando existe voluntad institucional.

No obstante, persisten barreras estructurales: discriminación actitudinal, débil fiscalización estatal, desigualdades territoriales, falta de accesibilidad y patrones de sobreprotección familiar. Aunque la OCNMT demuestra la viabilidad técnica de la inclusión, su ampliación y sostenibilidad dependen de transformaciones sistémicas por parte del Estado: financiamiento estable, descentralización con recursos garantizados e implementación efectiva del marco normativo vigente.