Mejora de desempeño del sistema de defensa jurídica del estado: Procuraduría General del Estado

Abstract

El Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE) en Perú enfrenta una crisis significativa en su capacidad para gestionar eficazmente la defensa de los intereses del Estado. Esta crisis se debe a deficiencias en las condiciones operativas de los procuradores, la estructura organizativa de la Procuraduría General del Estado (PGE), y la ausencia de un modelo de gestión estratégico. La PGE, como ente rector del SADJE, no ha logrado consolidar su institucionalidad ni ejercer un liderazgo efectivo. La falta de autonomía frente al Poder Ejecutivo y la inestabilidad en el cargo de Procurador General, con tres titulares en tres años, evidencian la necesidad de una reforma que fortalezca la independencia de la institución. Para abordar esta problemática, se llevó a cabo una investigación cualitativa que empleó diversas herramientas de recolección y análisis de datos tanto cualitativas como documentales. La información fue obtenida mediante la revisión de archivos relevantes, como leyes, decretos supremos, planes estratégicos, informes de gestión y otros documentos oficiales vinculados con el SADJE y la PGE. Además, se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas con operadores del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, que incluyeron a procuradores, funcionarios públicos y especialistas en gestión pública y defensa jurídica. El análisis de los datos e información revisada, permitió identificar los problemas principales, sus causas y posibles soluciones. De esa manera, se evidenció que la PGE no ha logrado consolidarse como ente rector del SADJE, mostrando falta de autonomía, inestabilidad institucional y limitada capacidad de gestión. También se observó una limitada implementación del ciclo de defensa jurídica, enfocándose principalmente en la representación jurídica. Para fortalecer el SADJE, se sugiere adoptar el modelo de gestión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incorporando una fase de gestión del conocimiento. Asimismo, se propone elevar a la PGE a la categoría de organismo constitucionalmente autónomo (OCA), otorgándole mayor independencia; y reformar el mecanismo de designación del Procurador General. Por último, se recomienda mejorar la planificación de la PGE, incorporando objetivos y actividades para atender las necesidades de las procuradurías públicas, e implementar indicadores de desempeño