Apalancar sin quebrantar: análisis de validez de las operaciones de Leveraged Buyout en el Perú bajo el artículo 106 de la Ley General de Sociedades

Abstract

Este trabajo analiza si las operaciones de Leveraged Buyout (LBO) pueden implementarse válidamente en el Perú pese a la prohibición de asistencia financiera del artículo 106 de la Ley General de Sociedades (LGS), delimitando su alcance, las estructuras compatibles y una propuesta de reforma para un marco más seguro y eficiente. Para ello, desarrolla un análisis doctrinal del artículo 106 de la LGS, ordena pruebas funcionales sobre el nexo causal y el interés social, revisa las estructuras típicas de LBO empleadas en el Perú, y contrasta la evidencia de la práctica local, a partir de lo cual propone un modelo de autorización condicionada. Los resultados muestran que un LBO es válido: (i) cuando la financiación es externa y la compañía objetivo se mantiene aislada hasta el cierre; (ii) cuando existe un beneficio corporativo verificable con salvaguardas para minoritarios y acreedores; y (iii) cuando se evita cualquier nexo causal entre recursos de la objetivo y el precio o el servicio inmediato de la deuda. Además, se proponen criterios operativos y una reforma del artículo 106 de la LGS orientada a autorizaciones ex ante.

This paper examines whether leveraged buyout (LBO) transactions can be validly implemented in Peru despite the financial assistance prohibition in Article 106 of the General Corporations Law (LGS), by delineating its scope, identifying compatible structures, and outlining a reform roadmap for a safer and more efficient legal framework. To that end, it develops a doctrinal analysis of Article 106 of the LGS, sets out functional tests regarding causal nexus and corporate benefit, reviews typical LBO structures used in Peru, and contrasts the evidence from local practice, on the basis of which it proposes a model of conditional authorization. The results show that an LBO is valid: (i) when financing is external and the target company remains ring‐fenced until closing; (ii) when there is a verifiable corporate benefit with safeguards for minority shareholders and creditors; and (iii) when any causal link between the target’s resources and the purchase price or the immediate servicing of the debt is avoided. In addition, the paper proposes operational criteria and an amendment to Article 106 of the LGS oriented toward ex ante authorizations.