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Desde principios de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantó que la pandemia afectaría “gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad” (CIDH 2020, 3). Hasta el momento de redacción de este informe (principios de marzo de 2021), más de 114 millones personas se habían contagiado y más de 2.5 millones habían perdido la vida a nivel mundial, por causa de la COVID-19.1 Ante este panorama, desde el inicio de la crisis, los gobiernos han buscado evitar los contagios y contener lo más posible la propagación masiva del virus. Una de las principales medidas para ello ha sido adoptar medidas de “distanciamiento social”
