dc.description | En Guatemala no hay un Estado Constitucional de Derecho, en donde gobernantes y gobernados cumplan, respeten y estén sujetos a la ley, y eso se ve materializado en la vulneración a derechos humanos que sufren muchos sectores de la sociedad guatemalteca. Uno de los grandes sectores que no cuentan con el respeto a sus derechos humanos, son los privados de libertad en las cárceles públicas, tanto en los centros de detención preventiva, como en los centros de privación de libertad. Los derechos de los privados de libertad están primordialmente regulados en la parte dogmática de la Constitución Política de la República de Guatemala, y, por lo tanto, estos derechos tienen la trascendencia y la naturaleza de ser derechos humanos. Estos fueron desarrollados a través de reglamentos del gobierno, hasta que, en el año 2006, el Congreso de la República, creó el Decreto número 33-2006, Ley del Régimen Penitenciario, y estableció un precedente en el intento por parte del Estado de Guatemala en su lucha por lograr un Sistema Penitenciario eficiente, que cumpla con los objetivos de custodiar a los privados de libertad, y una vez cumplan con su estadía en prisión, lograr su rehabilitación y reinserción a la sociedad. Sin embargo, a pesar de contar con la legislación adecuada, fruto de la presente investigación se ha logrado concluir en que el Estado no ha logrado consolidar un Sistema Penitenciario eficiente y que, principalmente, cumpla con el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, por lo que se presenta una investigación sobre la interrogante de la falta de control y vulneración a los derechos de los privados de libertad, haciendo énfasis en las cárceles públicas de la cabecera departamental de Huehuetenango | |