| dc.description | En virtud que el Estado fue creado como una organización social, en la cual se debe garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos el cumplimiento del bien común, así como el respeto a sus derechos y garantías fundamentales, tales como: la legalidad, la seguridad, la libertad, la justicia y la igualdad, principios que se encuentran regulados en la Carga Magna; y que a la vez debe velar por el respeto a la independencia de funciones que tienen cada uno de sus organismos, y el apoyo que deben brindarse cada uno de estos en determinados asuntos. Además, y de conformidad con las debilidades que a lo largo de la historia ha presentado el sistema de justicia en Guatemala, tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Organismo Legislativo, se han visto en la necesidad de crear procedimientos específicos para determinados delitos, que serán de conocimiento de los jueces de paz, ello con la finalidad de facilitar, agilizar y garantizar a los ciudadanos que los juzgadores de primera instancia puedan dedicarse al conocimiento de todos los procesos que poseen mayor impacto social. Por tal razón, y para poder implementar el procedimiento específico para delitos menos graves, que se conoce actualmente en los juzgados de paz, tanto los legisladores, como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se vieron en la necesidad de estudiar y analizar tanto aspectos históricos, como apoyarse e integrar la política criminal, la criminología y el derecho penal. Es por ello, que el presente estudio comprende el análisis jurídico del Acuerdo 26-2011 de la Corte Suprema de Justicia, denominado Implementación del procedimiento para delitos menos graves en los Juzgados de Paz, de conformidad con el Decreto 7-2011 del Congreso de la República, a partir del año 2011 al 2014, a fin de evaluar las ventajas y las desventajas del procedimiento. | |
