| dc.description | El arbitraje, como medio alterno a la jurisdicción ordinaria, está sujeto al control constitucional mediante amparo y, las normas que lo regulan, al control mediante inconstitucionalidad general. Estos dos instrumentos han operado efectivamente. El control constitucional en caso concreto –en adelante indistintamente como ICC- en el proceso de arbitraje, sin embargo, no ha hallado cabida en la jurisdicción constitucional; por ello, este trabajo tuvo como objetivo general el estudio del arbitraje para establecer si es posible el planteamiento de la Inconstitucionalidad de ley en casos concretos. Finalmente, se determinó que la “ICC” es viable, dada la naturaleza jurídica del arbitraje, de ser un procedimiento para la provisión de justicia, por lo que queda contenido en el enunciado de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad –en adelante LAEPyC o Ley de Amparo- que prevé que este procede “en todo proceso, de cualquier competencia o jurisdicción”. Su viabilidad se encuentra, principalmente, en el Arbitraje Nacional y de Derecho; en el internacional, si las partes pactan la aplicación del derecho Nacional de Guatemala y su sede es este país. Su conocimiento, sin embargo, no corresponde al tribunal arbitral, pues los árbitros, si bien con potestades jurisdiccionales, carecen de poder jurisdiccional. Por vía de la integración del Derecho, la via de tramite accesible es como incidente ante un juez de primera instancia civil. | |
