| dc.description | El deber del Estado es garantizar a los habitantes de la República la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral de la persona; por lo que los Jueces y Magistrados deben ejercer sus funciones jurisdiccionales de manera independiente, y resolver los asuntos que conoce con absoluta imparcialidad. La independencia es una garantía de la sociedad, a que el juzgador, basado en los hechos procesales y en el derecho, pueda impartir justicia. Actualmente existe un conflicto social, de confrontaciones política e índices desbordados de violencia y criminalidad, en la que se han dado atentados en contra de la seguridad y vida de quienes intervienen en el proceso, siendo amenazados, hostigados y asesinados tanto a los jueces como fiscales, abogados, testigos entre otras, y se mantiene acoso a todos los operadores de justicia que conocen casos de alto impacto y así mismo de casos de faltas o infracciones de menor rango, notoriamente no existe un mecanismo para descubrir el origen de esta violencia y tampoco se han tomado medidas necesarias para darle fin a este problema. Para identificar si el Estado vela por el cumplimiento de la aplicación real de dicho principio; y qué medidas utilizan en el Centro Regional de Justicia de Occidente para aminorar las limitaciones que interfieren en dicho principio, se realizaron entrevistas a Abogadas y Abogados penalista, operadores de la defensa publica penal, Ministerio Publico y de la Administración de justicia del centro de justicia del ramo penal, así como a Jueces y Magistrados, del Municipio de Quetzaltenango. | |
