Análisis de gobernanza del sistema pesquero en la Reserva de Biósfera Seaflower, Colombia

Abstract

A nivel global, las reservas de biósfera declaradas por la UNESCO son supremamente importantes para la conservación de ecosistemas vulnerables y de alta importancia para comunidades locales y el sistema internacional. La Reserva de Biósfera Seaflower (RBS), ubicada en el Caribe colombiano, hace parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 2 Santa Catalina y es una de las más grandes del mundo con 180.000 km . Dada su magnitud y ubicación, se ve expuesta a múltiples amenazas como la pesca irregular no declarada y no reglamentada (INDNR), la acidificación de los océanos, la contaminación y la degradación de los ecosistemas marinos causada por sobreexplotación de recursos, entre otros. La RBS fue declarada en el año 2000 y, dentro de la misma, se definió un Área Marina Protegida (AMP) en el 2005, que buscó que los recursos marinos mejoraran su estado de conservación. Sin embargo, la realidad es que cada vez hay menor disponibilidad de especies de interés comercial y especies importantes para los mares como el pez loro. Esta investigación buscó entender cómo ha incidido el sistema de gobernanza de la Reserva de Biósfera Seaflower en el manejo de la pesca desde el año de su fundación hasta el 2022, describiendo los problemas que existen en materia de ordenación institucional, que explican la persistencia de prácticas de sobreexplotación de recursos pesqueros por parte de actores nacionales e internacionales. Para abordar esta pregunta, se optó por una metodología cualitativa, donde los instrumentos seleccionados fueron entrevistas semiestructuradas para entender el sistema de gobernanza, creando tablas de caracterización de los actores centrales, el marco legislativo y finalmente un análisis de información cualitativa de contenido para crear tablas de Análisis de Situaciones de Acción (IAD). Los resultados indican que, a diferencia del resto de Colombia, el actor central en el manejo de la actividad pesquera no es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) sino la Junta Departamental de Pesca, asunto que explica una superposición de funciones que por años generó fragmentación institucional. Asimismo, se identificó que el marco institucional es sumamente complejo y más en lo que compete a temas marinos; por ejemplo, se encontró que los principales conflictos actuales surgen a partir de los dos fallos de La Haya en 2012 y 2022.