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En los últimos 50 años Colombia ha visto que el crecimiento de sus ciudades se ha caracterizado por la creación informal de viviendas, este crecimiento se atribuye a diversos factores, entre otras cosas, a la intensificación de la urbanización, la migración del campo a la ciudad, el desplazamiento forzado, las restricciones de acceso de los hogares pobres al mercado habitacional y a los programas de la política de vivienda.
Además de la proliferación de soluciones autónomas de vivienda que han dado lugar a problemas de todo tipo, desde la perspectiva del ordenamiento territorial, este fenómeno ha generado un impacto directo en el territorio, como la ocupación del suelo rural por la producción de asentamientos humanos de origen informal, un déficit de espacio público y de equipamientos sociales, y un deterioro de la estructura de la ciudad, que afecta irremediablemente tanto al espacio urbano informal, como al formal.
En este sentido, la preocupación por comprender la lógica del crecimiento urbano informal de los espacios urbanos genera una necesidad de concebir la ciudad como un espectro en constante evolución, con una planeación urbana capaz de responder a velocidad de los cambios dados en el territorio por la intervención directa de la población.
Al mismo tiempo, la política pública relacionada con las necesidades de las comunidades en materia de legalización y regularización de asentamientos humanos de origen informal y de las condiciones habitacionales y urbanas asociadas a la informalidad, no agota la demanda de atención por parte de los habitantes de la ciudad informal. Ahora bien, podría afirmarse que, no solo esta política pública ha sido desarrollada a través de estructuras desarticuladas que atenúan problemáticas individuales, que, en mucho de los casos, solo parten desde lo social; sino que, además, se considera un trámite meramente administrativo y sin conexión con procesos de ordenamiento territorial, de planeación territorial y de gobernanza.