El presente estudio explica que, actualmente, no es posible iniciar arbitrajes con el propósito de resolver sobre la responsabilidad penal de los asociados. Sin embargo, demuestra que el impulso del mecanismo en comento, en estas materias, obraría en procura del derecho al acceso efectivo a la administración de justicia y se compadecería con algunos paradigmas que caracterizan el ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, expone qué normas tendrían que ser modificadas para el efecto y cómo podría articularse el arbitraje con el procedimiento previsto en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004.