Colombia no ha sido ajena a la evolución que las demás legislaciones del mundo
han hecho sobre el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales,
consolidándose una política que comprende la noción de Estado Social y de
Derecho, para la consecución de un equilibrio entre el crecimiento de las fuerzas
productivas y la conservación del entorno natural y cultural1
. El medio ambiente
hoy día presenta innumerables frentes de ataque, en ocasiones producto de la
misma naturaleza, y en otras, consecuencia de la influencia del hombre. De allí
que los ordenamientos jurídicos deben estar dotados de herramientas jurídicas y
administrativas, que en compañía de los abogados, funcionarios públicos y demás
operadores jurídicos y en sí de la comunidad en general, logren como fin último el
bienestar social y colectivo.