Análisis de la implementación del proceso de formalización laboral de las madres comunitarias

Abstract

En el 2014 comenzó en el país el proceso de formalización laboral de las madres comunitarias del Programa de Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar, tras 26 años de estar vinculadas al programa en carácter de voluntarias. Dicho momento se dio cuando en el 2012 cuando la Corte Constitucional reconoció que las madres comunitarias tenían un vínculo laboral con el ICBF de manera implícita, por ende, el pago de una bonificación inferior a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente era discriminatorio e ilegal. La Corte ordenó que la bonificación, que para ese entonces recibían las madres comunitarias, debía ser de por lo menos el equivalente a un salario mínimo. La sentencia fue acogida por el Gobierno Nacional en el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, en donde se estableció que las madres comunitarias a partir del año 2014 tendrían un contrato laboral formalizado, con el cual devengarían un salario mínimo y se les reconocería todas las prestaciones sociales legales vigentes. Esta investigación pretende describir los resultados de la implementación del artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 que lleva a cabo la formalización del vínculo contractual entre el ICBF y las madres comunitarias, tomando los casos de la Organización "Brisas del Magdalena" en Girardot-Cundinamarca y de la Asociación de los Cerros Orientales ? El Paraíso en Bogotá D.C. La hipótesis planteada hace referencia a que dicho proceso de formalización mantiene a las madres comunitarias en condiciones de vulnerabilidad y desvaloriza el trabajo del cuidado de la mujer.