El presente estudio explica que la dinámica actividad contractual del Estado no cuenta con mecanismos idóneos para la resolución de conflictos toda vez que la justicia ordinaria y el arbitraje nacional presentan múltiples barreras de operatividad. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reúne esfuerzos para prevenir conflictos e introducir soluciones de innovación pública. Bajo este escenario, el presente trabajo analiza, bajo una metodología reflexiva y cualitativa, los fundamentos y retos para introducir las plataformas de Resolución Electrónica de Conflictos (REC) al arbitraje administrativo, con miras a solventar las necesidades judiciales del Estado.