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dc.contributor.authorDelgado Maldonado, Silvia
dc.date.accessioned2018-02-24T15:19:59Z
dc.date.accessioned2020-04-16T20:33:26Z
dc.date.accessioned2023-05-11T19:30:50Z
dc.date.available2018-02-24T15:19:59Z
dc.date.available2020-04-16T20:33:26Z
dc.date.available2023-05-11T19:30:50Z
dc.date.created2013-10-15
dc.identifierhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13640
dc.identifier.issn2011-1703
dc.identifier.issn1692-8156
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/115796
dc.description.abstractDespués de dar un gran e importante paso hacia la consecución de una paz duradera y estable mediante la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en septiembre de 2012 el Gobierno nacional hizo público el inicio de conversaciones de paz con las farc, la guerrilla más antigua en el país. Esta noticia, sin embargo, no fue una total sorpresa. Justo dos meses antes del anuncio, el 31 de julio de 2012, el Congreso nacional aprobó un Acto Legislativo –también conocido como el Marco Jurídico para la Paz– diseñado para facilitar las negociaciones de paz mediante el establecimiento de instrumentos jurídicos de justicia transicional. En este artículo se analizará el significado y contenido del tercer artículo del Marco Jurídico para la Paz que abre la puerta a la participación en política de miembros desmovilizados de aquellos grupos armados que acuerden un cese al fuego y suscriban un acuerdo para la terminación del conflicto. Así, a partir de un análisis de los criterios a los que, por lo común, se recurre con el propósito de definir qué tipos de penas pueden considerarse conexas al delito político, y según la importancia de la participación en política de los excombatientes para una transición exitosa, concluiré en la necesidad de que la ley estatutaria que desarrolle el Marco Jurídico para la Paz evite definir una vinculación mediante el establecimiento de una lista exhaustiva de delitos. En su lugar, en el presente artículo se propone la adopción de una serie de criterios que permiten un análisis caso por caso de la posibilidad de participar en política. De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de las experiencias de Sudáfrica e Irlanda del Norte, el entendimiento tradicional del delito político en el contexto colombiano es especialmente relevante para efectos de la concesión de amnistías o indultos; el Artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz está encaminado a permitir la participación en política de los grupos armados y sus miembros. Si bien la idea de la participación en política de las farc es difícil de asimilar, y ha sido ampliamente criticada por sectores de la opinión pública, lo cierto es que este aspecto constituye un elemento esencial para una transición exitosa hacia la paz.spa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isoeng
dc.publisherEditorial Pontificia Universidad Javeriana y Facultad de Ciencias Jurídicasspa
dc.relation.urihttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13640/10960
dc.rightsCopyright (c) 2016 Silvia Delgado Maldonadospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0spa
dc.subjectDesmovilización; guerrilla; Colombia; amnistía; ley estatutaria; vida política; Marco Legal para la Paz; conflicto armado; participación política; delitos políticos; proceso de paz; justicia transicionalspa
dc.subjectDemobilization; guerrillas; Colombia; amnesty; statutory law; political action;Legal Framework for Peace; armed conflict,; political participation; political offence; peace process; transitional justice.eng
dc.titleParticipación política: una condición para una paz duradera y estable en Colombiaspa


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