El Arbitraje Internacional de Inversiones otorga una serie de condiciones mínimas de protección al inversionista que desea movilizar sus recursos a un Estado que, por regla general, no coincide con la nacionalidad del país inversor. En medio de esas prerrogativas, se le brinda la posibilidad de acudir a un centro arbitral imparcial que dirima cualquier conflicto que surja en virtud del contrato y/o tratado suscrito con el Estado receptor de la inversión. En la actualidad, el Estado colombiano ha estado diseñando un régimen jurídico especial para atender efectivamente las contingencias que demanda un proceso arbitral internacional de inversiones. A pesar de ser nuevo en dicho procedimiento, se ha logrado consolidar una normatividad que le permitirá defender sus intereses de manera acertada y correcta siguiendo los parámetros establecidos por el Derecho Internacional.
De esta manera, es importante analizar si el Arbitraje de Inversión puede garantizar o no un crecimiento integral económico en todos los sectores económicos del país.