Estatus y participación política. Marcos para las reivindicaciones de justicia de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano

Abstract

Las ideas sobre lo que debería considerarse un asunto de justicia para las mujeres han sido muy heterogéneas, estas se han venido desarrollando a la par de una gran diversidad de luchas reivindicativas políticas y sociales de las mujeres. Los aspectos materiales, simbólicos y políticos de sus demandas se han expresado en más de un lenguaje. Las mujeres han exigido soluciones de redistribución económica, reconocimiento simbólico y representación política a los responsables de las injusticias de género a las que han estado sujetas en sus respectivos contextos. Por causa de esta pluralidad de lenguajes no es posible, para quienes deben decidir sobre estas cuestiones, establecer una única medida a partir de la cual sopesar de manera imparcial las reivindicaciones. ¿Cómo debería decidirse, entonces, el tipo de balanza que ha de usarse para casos en los cuales entran en conflicto demandas de justicia? Los procedimientos y las reglas de arbitraje para tomar este tipo de decisiones establecen un marco que define los límites entre quién cuenta como sujeto y qué cuenta como sustancia de la justicia. La exclusión que ciertos grupos sociales han sufrido históricamente en los enmarques para diversos asuntos de justicia suscita la pregunta por el modo como debería decidirse quiénes son aquellos cuyos intereses deben ser tenidos en cuenta. Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en La Habana, Cuba (2012-2016), abrieron una oportunidad política histórica para que las mujeres, de manera individual y colectiva, exigieran el reconocimiento de los hechos y de las responsabilidades de los perpetradores de las violencias contra ellas ejercidas en el desarrollo del conflicto armado. Los mecanismos que posibilitaron su participación, no obstante, fueron establecidos de manera unilateral por las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, desde el inicio y en el transcurso de las negociaciones. La pregunta que impulsa a investigar esta cuestión es ¿cuál es el alcance de la participación de las mujeres víctimas de violencia sexual, teniendo en cuenta que su interacción con las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones de La Habana estuvieron enmarcadas por reglas y procedimientos establecidos por las partes negociadoras, desde el inicio y en el desarrollo de los diálogos de paz? La principal motivación para ocuparse de este problema fue desarrollar conceptualmente la dimensión política de la justicia. Esta dimensión ha sido esbozada por Nancy Fraser en su propuesta teórica para una justicia tridimensional, en la cual lo político, al mismo tiempo que se entrelaza con lo económico y lo cultural-simbólico, guarda una relativa autonomía respecto de estas dos dimensiones. Fraser también ha desarrollado una comprensión del «género» como una diferencia social híbrida de las sujeciones de clase y sexualidad, que da cuenta de sus anteriores elaboraciones de la justicia como redistribución y reconocimiento. Con la introducción de la tercera dimensión de la justicia, la representación política adquiere un mayor interés filosófico, por cuanto permite estudiar de manera concreta las injusticias de representación fallida de las que han sido sujetas las mujeres, y las soluciones de re-enmarque para estas. La exclusión de las mujeres y de sus puntos de vista en los debates de justicia, particularmente su exclusión de los escenarios que definen con qué reglas y procedimientos deben considerarse sus reivindicaciones como asuntos de justicia, y qué medidas deben establecerse para decidir sobre la multiplicidad de sus exigencias, constituye un problema filosófico-político relevante. El problema es que estos modos de delimitar la justicia continúan siendo instaurados por los agentes y estructuras de poder responsables de las injusticias sistemáticas y violaciones de derechos que afectan las expectativas de vida buena de las mujeres.