El autor parte de la pregunta sobre el fundamento político de la imposiciónde la pena, lo cual conduce a analizar el contenido de los artículos 3º y 4ºdel Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, en donde se articulan los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de la pena con los fines que la ley colombiana le reconoce. De esta manera, se encuentra que el mismo artículo 3º limita la aplicación judicial de la necesidad de la pena a los casos preestablecidos por el legislador. Teniendo en cuenta el carácter aflictivo de la pena y su aptitud para la afectación de derechos fundamentales, se reclama la argumentación del juez, desde un punto de vista constitucional, en torno a los principios recogidos en el artículo 3º más allá del análisis sistemático y formal de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad; de tal suerte que en casos especiales en donde se pueda sostener válidamente que la imposición de la pena no cumple con sus fines, el juez tenga la posibilidad de abstenerse de imponerla por resultar injustificada (no necesaria) e incluso graduarla por debajo del mínimo legal. Para esto se reseñan algunas teorías sobre los fines y necesidad de la pena.