El Habeas Data como derecho fundamental y garantía constitucional fue introducido en la Constitución Política de Colombia en 1991. Sin embargo, fue con la Ley 1266 de 2008 que se reguló este derecho. Es con esta nueva ley que la permanencia de la información financiera, tanto positiva como negativa tienen un marco legal, en donde las fuentes y los operadores de información pueden fundamentar la vigencia o caducidad del dato. No obstante, temas como la prescripción que no fueron incluidos dentro del texto de esta ley, han generado en la doctrina y en la jurisprudencia conflictos de interpretación y de aplicación, que afectan el derecho al olvido de los titulares.