La investigación se enmarca en la cuestión de la migración irregular a la luz de las principales disposiciones del Derecho Internacional Público, a saber, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los dos Protocolos que complementan esta Convención: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, instrumentos todos adoptados por la Asamblea General de la ONU en el año 2000. Aunque Colombia ha ratificado la Convención y el Protocolo sobre la Trata de personas en el año 2003, no ha hecho lo mismo con respecto al Protocolo sobre Tráfico ilícito de migrantes, lo cual es preocupante dada la situación de Colombia en su calidad de país de origen y tránsito de tráfico de personas. El problema específico de esta investigación es considerar críticamente cuáles son los obstáculos de orden institucional que afronta el país para cumplir con sus obligaciones de cara a la comunidad internacional en términos de la prevención de ambos fenómenos previstos en estos instrumentos, así como anticipar por medio de recomendaciones cuáles serían las medidas que tendría que asumir para responder apropiadamente a estas obligaciones. El logro de estos dos objetivos se realiza a través de un análisis crítico no sólo de la institucionalidad colombiana y su eficacia en términos de coordinación inter-estatal para prevenir el fenómeno, sino igualmente del alcance de la misma normativa internacional para que los estados que, como el colombiano, padecen sus consecuencias, puedan hacer frente a la magnitud y características con que éste se presenta en la realidad actual.