| dc.description.abstract | El conflicto interno armado, que se dio entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) duró más de 50 años. En el año 2012, con el país bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, se inició la negociación para lograr un cese de las hostilidades con uno de los actores implicados en el conflicto, representantes del gobierno y de las FARC-EP se reunieron en la Habana, (Cuba) para dar inicio a los diálogos de negociación entre las partes, con el fin de establecer un acuerdo que pusiera fin a la confrontación armada. El 24 de noviembre de 2016, ambos bandos finalmente firman el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, con el apoyo de Cuba y Noruega como garantes (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016). A partir de la firma del Acuerdo, comienza el proceso/etapa de “posconflicto” el cual es crucial, puesto que en este punto se implementa y pone en práctica todo lo acordado anteriormente en las negociaciones, lo cual trae nuevos desafíos al gobierno. Según Aponte y González (2016) el posconflicto es el momento propicio para que el gobierno implemente una serie de políticas públicas que permitan la reinserción de los excombatientes a la vida civil y porque a su vez, se dé una efectiva reconciliación de la sociedad con ellos. A partir de lo anterior, se destaca que una desacertada implementación de los acuerdos o un incumplimiento de los mismos, creará el ambiente propicio para el establecimiento de nuevos grupos al margen de la ley o, en el peor de los casos, la reanudación del conflicto interno armado. Por lo tanto y para evitar el restablecimiento del conflicto interno armado en Colombia, se utiliza e implementa el modelo de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), este modelo permite al desmovilizado entrar en un proceso que culmina con su reintegración a la sociedad, la fase de reintegración favorece al desmovilizado que hizo parte del modelo de DDR con una serie de beneficios que van desde ayudas económicas, educativas hasta ayudas 6 psicológicas. Entre las ayudas económicas se encuentra una renta básica mensual del 90% de un salario mínimo vigente si el reintegrado se encuentra desempleado, también se promueve subsidios para que los reintegrados inicien proyectos empresariales, se destinan entre $2.000.000 hasta $8.000.000 dependiendo del proyecto, este subsidio también puede ser utilizado para la adquisición de vivienda propia (Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, 2018). En cuanto al tema educativo, la ARN ofrece la oportunidad para el reintegrado y su familia de realizar estudios básicos de forma gratuita, además de formación técnico o tecnológica por medio del SENA y un acercamiento a la educación superior con información de carreras disponibles y ayuda para separaciones de cupos (ARN, 2018), la ARN también acompaña a los desmovilizados y a sus familias a lo largo de su proceso de reintegración con asistencia psicológica y diferentes asesorías para llevar una vida digna (2018). Estas ayudas buscan asegurar la transición exitosa del desmovilizado a la vida en comunidad con todos los derechos y deberes que esta implica. Con respecto a esto, se encuentra en el acuerdo final el punto 3; “fin del conflicto”, el cual tiene una serie de metas que deben ser cumplidas, entre ellas se destaca una: Se trata de la reintegración social, económica y política de los desmovilizados de las FARC-EP. Según el alto comisionado para la paz, la reintegración a la vida civil de los desmovilizados “busca facilitar la transformación de las FARC-EP y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general el tránsito a la vida civil, una vez hayan dejado las armas.”(Alto Comisionado para la paz-2015). Según la misión de verificación de la (ONU) Organización de las Naciones Unidas en Colombia, en 2017; 8.000 desmovilizados se encontraban en 26 zonas de reintegración socioeconómica, pero 3600 de estos habían decidido irse por su cuenta de estas zonas debido a la pérdida de confianza en el proceso o porque decidieron regresar con sus familias, lo que representa un 45% del total de los guerrilleros desmovilizados, en consecuencia, la reintegración efectiva de los desmovilizados de las FARC en el marco del posconflicto aseguraría una baja reincidencia delictiva de los mismos, sin embargo la realidad del país es otra. Según la Fundación Ideas Para la Paz, el 24 % de los desmovilizados de las FARC-EP habían reincidido en sus actividades delictivas (2014) es evidente que algo está fallando en el proceso de reintegración y de esta forma el Estado tiene que buscar las formas y tomar las medidas necesarias para que este proceso se realice con éxito y aquellos desmovilizados que se acogieron al proceso de paz tengan una transición exitosa y duradera a la vida civil, en sociedad y en paz. | spa |
