| dc.description.abstract | El derecho a la verdad consiste en la prerrogativa de la gozan tanto las víctimas y sus familiares como la sociedad en general. Este derecho es imprescriptible e inalienable, y otorga a sus titulares la facultad de conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron los crímenes de lesa humanidad, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial.
El conflicto armado en Colombia tuvo su origen en la violencia cultural. Es necesario comprender la naturaleza del origen del conflicto con el fin de transformar las estructuras sociales y políticas que lo han sostenido durante décadas. El marco constitucional y el desarrollo jurisprudencial del derecho a la verdad, así como los deberes de reconstruir la memoria histórica y garantizar el derecho fundamental a la paz, justifican que la verdad sea reconocida como un derecho fundamental autónomo en el ordenamiento jurídico colombiano. La construcción de una paz estable y duradera demanda a su vez transformaciones culturales y estructurales, que solo son posibles de lograr si se concibe el presente a través de una mirada al pasado que reconozca la violencia cultural como determinante del conflicto armado en Colombia. Replantear la historia de Colombia a través de ejercicios de memoria, implica, tanto para el Estado como para la sociedad misma, asumir la responsabilidad de un proyecto de país basado en la justicia social y en la construcción de paz. | spa |
