La reparación integral como elemento de la reinserción social en escenarios de transición

Abstract

En Colombia la reinserción social de los responsables de crímenes, aún en procesos de justicia transicional, ha tenido un fuerte acento en el debate sobre punibilidad y sanción penal restringida esta última a la pena privativa de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios. Esta investigación propone ofrecer una mirada distinta a la reinserción social como función de la pena para ampliarla a la reparación del daño de la víctima, como un elemento esencial en la búsqueda de la justicia, que garantice la no repetición y genere condiciones favorables para la reconstrucción del tejido social y la convivencia pacífica desde una perspectiva de justicia restaurativa.

Así mismo, en la actualidad se plantean debates en torno a la aplicación de mecanismos jurídicos como la sentencia anticipada, el principio de oportunidad, los preacuerdos penales, así como frente a otras medidas que otorgan diferentes beneficios a quienes han incurrido en delitos, por cuanto se afirma que dichas medidas terminan privilegiando a los delincuentes, quienes, no obstante, reinciden en comportamientos delictivos y no dan muestra de una auténtica reinserción social o resocialización. Al respecto, desde diferentes instancias institucionales, se hacen señalamientos frente a la responsabilidad del sistema judicial y de estos instrumentos jurídicos ante la reincidencia de los responsables de diferentes crímenes.

Así mismo, desde algunos espacios académicos y desde organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y, particularmente, de los derechos de las víctimas, se cuestionan los resultados de la aplicación de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, por cuanto según informes que han elaborado, dicho proceso no necesariamente ha contribuido a la reinserción social de los responsables de los crímenes perpetrados, como tampoco ha garantizado la no repetición. Según estos estudios e informes, un número considerable de los integrantes de los grupos paramilitares desmovilizados mediante la Ley 782 de 2002, y acogidos en gran parte a los beneficios de la Ley 975 de 2005, hoy hacen parte de las denominadas bandas criminales; lo mismo ocurre al parecer, con muchos de los desmovilizados individuales de los grupos guerrilleros.

Es precisamente frente a estos debates y cuestionamientos que en el marco de la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado como parte de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, aprobado el 24 de noviembre de 2016, así como respecto a otras negociaciones y acuerdos en materia penal, es necesario formular propuestas que conduzcan a fortalecer el proceso de reinserción social de los responsables de graves crímenes, el cual debe incluir como elemento sustancial la reparación del daño en favor de las víctimas, garantizar la no repetición, e igualmente que generen condiciones favorables para la reconstrucción del tejido social y la convivencia pacífica desde una perspectiva de justicia restaurativa.