En el marco jurídico nacional e internacional se concibe la seguridad social en pensiones como un derecho humano y como un derecho fundamental, que debería procurar una cobertura de aseguramiento universal frente a las contingencias de vejez, invalidez o muerte que merman los ingresos de las personas. En Colombia, el sistema de pensión de vejez (compuesto por un sistema de reparto y uno de capitalización individual) se estructura financieramente sobre el trabajo formal, exigiendo contribuciones obligatorias a trabajadores independientes, dependientes y sus empleadores. No obstante, aunque los principios de universalidad, progresividad, solidaridad y sostenibilidad rigen el sistema, actualmente se evidencia que solo el 25% de la población en edad de pensión tiene esta cobertura, excluyendo a las personas que cotizaron y no lograron pensionarse o los que no cotizaron, porque la realidad del mercado laboral colombiano y latinoamericano tiene altas tasas de desempleo, informalidad o infrecuencia en su estabilidad. Así las cosas, este artículo revisa los diagnósticos sobre el problema pensional, las propuestas de reformas que lo solucionen, y, por último, plantea la viabilidad jurídica de una pensión básica universal que logre la cobertura pensional de toda la población, para lograr los principios.