La controversia entre la consulta popular como mecanismo de participación en las decisiones territoriales sobre la explotación de recursos naturales y el Estado como propietario de los recursos del subsuelo quien tiene la competencia exclusiva para otorgar concesiones para la exploración y explotación de los recursos naturales, genera una fuerte tensión entre el Estado unitario y la autonomía territorial, se requiere buscar mecanismos armónicos, participativos para encontrar un punto medio entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios.