Las altas cortes colombianas suelen dar primacía al canon gramatical de interpretación jurídica, y al aplicarlo, acuden a un argumento de autoridad con recurso al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Este ensayo evidencia que el reconocimiento de la Real Academia como autoridad lingüística para interpretar el derecho colombiano es el resultado de un proyecto político decimonónico, desarrollado por los letrados criollos, herederos de la burocracia española, que ha quedado impreso en la cultura jurídica colombiana.