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Colombia ha sido un país que, durante más de medio siglo, ha estado inmerso en un
conflicto armado interno entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP), lo cual ha desencadenado diversas problemáticas, afectando,
especialmente, a la población civil. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja
(2010), las consecuencias del conflicto armado están directamente relacionadas con la violación
al Derecho Internacional Humanitario, tales como: desapariciones forzadas, violencia sexual,
toma de rehenes, reclutamiento forzado, malos tratos físicos y/o psicológicos, y desplazamiento
forzado.
Actualmente, y teniendo en cuenta la reciente firma (año 2016) del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno
Nacional, presidido por el ex presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla FARC-EP, el país
atraviesa por un periodo de transición que pretende contribuir a la satisfacción de derechos
fundamentales de las personas en términos políticos, sociales, económicos y culturales.
También, los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación;
el derecho de los niños, niñas y adolescentes; el derecho de libertad de culto y de su libre
ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la seguridad
física; y el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la
tragedia del conflicto armado interno (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016).
Valorando que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo
paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de todos los sectores de la
población, es posible afirmar que Colombia enfrenta un panorama en el cual será posible edificar
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paso a paso y conociendo los retos que trae el periodo de posconflicto, un escenario positivo y
esperanzador para los colombianos que dé lugar a la construcción de un mejor país.
Es por ello que se ha motivado a todas las fuerzas del país (la empresa privada, los
partidos políticos, los movimientos ciudadanos, los medios de comunicación, las ONG’s, entre
otras) a concertar un Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes
institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un
nuevo marco de convivencia política y social (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016).
En esos términos, se hace necesario evaluar la participación del sector privado en el
periodo de posconflicto como uno de los sectores más influyentes del país, y desde el cual se ha
asumido el compromiso de aportar a la sociedad mediante la creación de oportunidades
laborales, capacitación, financiación y acompañamiento a los proyectos productivos,
emprendimientos, entre otras iniciativas que surgen en manos de los excombatientes.
Por lo anterior, se aborda el caso de Lohas Beans, empresa exportadora de café excelso y
Acopaz (Asosiación Agropecuaria Agroindustrial Construyendo Paz) conformada por
excombatientes FARC-EP, quienes han venido trabajando de la mano en beneficio del
fortalecimiento de la productividad, el acceso a los mercados y los planes de reincorporación a la
vida civil en el municipio de Dolores, Tolima, una de las zonas más afectadas por el conflicto
armado. Sin embargo, los departamentos de Tolima y Antioquia al día de hoy constituyen el
35.5% del total de iniciativas de renovación del territorio (Pares, 2018).