La doctrina denominada la Responsabilidad de Proteger surgió a finales del siglo XX atendiendo a la necesidad de desarrollar una alternativa ajustada a las normas existentes en el Derecho Internacional, bajo la cual la Comunidad Internacional pueda intervenir en el territorio de los Estados que no cumplan con el deber de proteger a sus poblaciones contra los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y otros crímenes masivos. Esta doctrina ha presentado problemas en su interpretación y aplicación, lo que ha concluido en la continuidad de la ejecución de estos crímenes a lo largo del presente siglo.