Uno de los propósitos esenciales de la Ley 527 de 1999 consiste en brindar de plenos efectos jurídicos a los negocios jurídicos realizados a través de mensajes de datos, como si se tratara de actuaciones manuscritas. La eficacia jurídica de los negocios jurídicos realizados a través de mensajes de datos radica esencialmente en la autenticidad que tengan los documentos electrónicos, autenticidad que se acredita mediante diferentes mecanismos de firma electrónica. En su versión original, la Ley 527 reguló y otorgó un tratamiento preferencial a la firma digital, que en la práctica se convirtió en el único mecanismo eficaz para acreditar la autenticidad de un negocio jurídico celebrado a través de medios electrónicos. Dicha regulación especial se convirtió en un obstáculo para el dinamismo del comercio electrónico ya que hizo inaplicables otros mecanismos más rápidos y seguros de firma electrónica y provocó que judicialmente la única forma de acreditar la autenticidad de un documento electrónico, fuera a través de un certificado de firma digital expedido por una entidad autorizada.