La Ley 256 de 1996, al implementar el modelo social de competencia desleal, protege tanto el interés particular como el interés general. Sin embargo, esta protección dual ha ocasionado diversas complejidades en su aplicación para las autoridades jurisdiccionales y administrativas, así como para las partes, en los procesos de competencia desleal. En esta investigación, buscamos una armonización de estos intereses mediante la identificación de los mecanismos procesales disponibles en el ordenamiento jurídico para proteger uno u otro.