La actual tensión que se presenta entre la protección del Medio Ambiente y la explotación de recursos naturales por parte de la industria extractiva ha generado un grado alto de inseguridad jurídica frente a las inversiones realizadas. A pesar que deben protegerse los recursos; la falta de coordinación entre las entidades estatales ?entre otras dificultades- ha generado una superposición entre las áreas de explotación de algunos títulos mineros con la posterior delimitación de zonas de páramo, abriéndose la posibilidad de demandar al Estado por la imposibilidad de ejercer los derechos envueltos en los mismos.